DROGAS, CORRUPCIÓN Y LEGALIZACIÓN.

En el ensayo dedicado a Octavio Paz titulado “El Poeta y la Revolución” e incluido en uno de sus libros más recientes, “Redentores: Ideas y Poder en América Latina” Enrique Krauze hace uno de los balances más precisos de la historia política de Méjico después de la Revolución de 1910. Se trata de una sucinta exposición y esa, entre otras, es la ventaja. No hay admoniciones, ni justificación y por intermedio de la evolución en el entendimiento e interpretación de un hombre de la talla de Paz para el mundo, y los mejicanos en particular, queda evidenciada; entre glorias, fracasos y frustraciones, no sólo lo acontecido sino también las vicisitudes que quedan en el camino que aún falta por andar a los mejicanos.

Por intermedio de la evolución que sobre su interpretación de la realidad política –la que más le preocupaba- llevada por Paz a lo largo de su vida, Krauze, de primera mano, establece y coincide con Paz en que es perfectamente inteligible, cómo el vicio del poder ha lacerado la política mejicana y ha tenido, casi que por inclusión, una contraparte ineludible: la corrupción.

Por ello cuando los mejicanos y muchos de sus sobresalientes y conocidos coetáneos han empezado a entender la posición de Paz en los años finales de su existencia, el efecto horadante y pulverizador de la corrupción, ha aparecido vinculado al tráfico de las drogas, generando un resultado patibulario y desgastador, común a cualquier escenario, pero trágicamente persistente en el caso del Méjico actual.

Concluye el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa y el balance de los últimos seis años incluye cerca de 47000 asesinatos. El resultado, a pesar de los costosos esfuerzos y los recursos utilizados, no es envidiable aunque si capaz de opacar el resto de su gestión. Parece indudable que el pensamiento de Paz y quienes hoy comprenden y aquilatan su validez y proyección, más allá de los míseros regateos al puro intelecto, se justifica con creces.

ALGUNOS ARGUMENTOS.

El auge en las actividades relacionadas con el narcotráfico en los años finales de los 70 y durante los años 80 en Colombia tuvo diferencias con respecto a la situación que hoy se vive en Méjico. En Colombia, el crecimiento e impunidad operativa de cárteles como el de Medellín y Pablo Escobar, fue mostrando una mayor vinculación con los movimientos armados, autodenominados “revolucionarios” del M-19, el ELN y principalmente las FARC; al otro extremo de la ecuación los mal llamados "grupos de autodefensa", que supuestamente pretendían coartar y neutralizar la acción de la narco guerrilla. A pesar de cualquier argumento, que siempre puede acusar la conveniencia de su proyección específica y personal, es posible entender la necesaria y obligatoria vinculación de los factores en desempeño en una escenografía cuyo anclaje nace en connivencia con un fenómeno de origen político.

Con el arribo de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia y la puesta en práctica de su exitoso “Plan de Seguridad Democrática” se hizo más perceptible el conjuro y la reducción de la actividad de la guerrilla, pero también disminuyó el desempeño de los barones de la droga en relación directamente proporcional. En colaboración con Estados Unidos-cuya participación es insoslayable por la evidente razón de ser el principal consumidor- durante la presidencia de Uribe, fueron enviados a ese país más de 1200 cabecillas a comparecer ante los tribunales norteamericanos reduciéndose la impunidad operativa de los cárteles. Empieza, a partir de ese momento, a vislumbrarse con fuerza el traslado a territorio mejicano del epicentro de la actividad del narcotráfico.

Lo anterior no significa que Colombia esté fuera del esquema operativo de los narcotraficantes. A tono con el desempeño de las FARC, la etapa básica y primaria de esta “industria” sigue allí vinculada al cultivo y la elaboración de pasta básica en los laboratorios clandestinos y la infraestructura “underground”. Hay además, un factor natural y geográfico determinante: la cercanía de territorios como Brasil, Bolivia, Venezuela y Ecuador en que el mega millonario soporte con que cuenta el mercado clandestino de las drogas, le da un matiz muy halagüeño a los productores en el estadío original del proceso.

¿POR QUÉ MÉJICO?

Evidentemente porque desde el punto de vista de los cárteles y sus cabecillas Méjico es visto con ciertas ventajas. En un comercio que está regido por la oferta y la demanda –como en cualquier otro caso- y que no excluye la competencia, la comercialización de la droga se orienta, casi de forma natural, a buscar vectores donde la impunidad sea mínima.

Méjico además comparte una larga frontera con Estados Unidos, cuya vulnerabilidad ha sido demostrada a pesar de la sofistificación de los recursos norteamericanos y de la colaboración –no exenta de problemas- entre los dos países. Del sur al norte, va la droga, en sentido inverso se mueven los recursos sin que deban planearse costosos y vulnerables sistemas de triangulación del macabro tráfico. Razones vinculadas a la corrupción a todos los niveles –y en ambos escenarios- completan la perspectiva de réditos para quienes lucran con las drogas y su creciente demanda, factores en los que se centra el interés de ejercer la impunidad y encarar el riesgo.

¿Es posible que a través del enfrentamiento de las fuerzas militares y policiales y en medio de una guerra asimétrica, pueda ponerse fin a la actual situación? La respuesta, avalada por las circunstancias, es negativa. Ahora y en medio de la euforia electoral y las alternativas expuestas por los candidatos a la presidencia del país, el problema queda opacado, pero no desaparece; aún ni siquiera se minimiza. Es pueril al respecto la respuesta de Andrés Manuel López Obrador al tratar de elaborar en torno al incremento de los niveles productivos y de oportunidades al nivel básico del común; ello no es sino, otro argumento que tiene mucho de populista y en consecuencia, de demagogia por parte del candidato del PRD para tomar ventajas de la situación.

El PAN y su desempeño de enfrentamiento policial y militar alentado por Calderón durante su presidencia también ha fracasado. El regreso del PRI con Enrique Peña Nieto y una herencia política insoslayable en versión conocida por los mejicanos, no parece augurar una solución práctica e inmediata del problema. Peña Nieto tendrá –si en definitiva es elegido- un tema más difícil de sortear que el de la pobreza marginal y la acentuación de las diferencias, en un país que no está exento de los acentuados contrastes de sus vecinos del sur. Conjuntamente con el esfuerzo y la necesidad de sostener el desarrollo, tendrá que gobernar sin exceso de institucionalismo, auge de la burocracia y, sobre todo, encontrar una fórmula efectiva capaz de paliar la corrupción.

LA VALIDEZ DE LA COMPARACIÓN

Enunciadas las diferencias entre Méjico y Colombia en el sentido del tema tratado, hay que colegir que en las causas prácticas en la disminución del efecto en el tráfico y comercialización de la droga hay diferencias. En Méjico no se da el argumento político que indirecta, pero efectivamente, permitió a Uribe asestar fuertes golpes al narcotráfico y a la vez conseguir una notable disminución de la actividad de las FARC. Aquí el uso de la fuerza militar no solo queda justificado y respaldado plenamente, es la consecuencia de una acción política de inmediatas y necesarias consecuencias. En Méjico la sombra del clientelismo político, el compadrazgo, el nepotismo y el soborno a través de la clásica “mordida”, en fin; la corrupción, establecen dudas de amplio referente histórico vinculadas a  la ejecutoria gubernamental.

En función de la esencia del negocio de la droga en el que el lucro y el enriquecimiento son objetivos fundamentales, sus gestores y actores que se benefician de las coyunturas políticas, pero a quienes no les interesa como desempeño el oficio, tenderán a ubicarse donde los riesgos sean mínimos, los réditos jugosos e inmediatos y la impunidad los haga más realizables. Si bien es apreciable una relación directa de la proporcionalidad entre disminución del narcotráfico y gestión política en el caso colombiano, ahora, y hasta el momento del cambio de mando en Méjico, nada parecido ha sucedido. El “joint venture” de los narcotraficantes se mantiene intacto.

¿CÓMO ENCARAR EL PROBLEMA?

En un trabajo anterior titulado “LEGALIDAD O ILEGALIDAD: HE AHÍ EL DILEMA” elaboré sobre la interpretación psicosocial del tema de la drogadicción. Creo que para nadie, productores y consumidores incluidos, resulta difícil entender las dificultades de superar la adicción. Tampoco se hace necesario redundar en las consecuencias, letales en algunos y no pocos casos, de las más severas. Es en esta parte del asunto donde el problema adquiere visos extremos: sin consumo, no hay demanda, pero lo cierto es que la demanda aumenta la producción y agiganta la secuela de sus efectos. Si el problema es encarado de manera práctica la ecuación queda vinculada a un punto de despeje en el que si no es posible aminorar el consumo, debe ser posible, al menos, reducir el efecto sociopolítico de la producción y el tráfico. Es evidente que el camino, en ese sentido y aun tímidamente, empieza a ser recorrido: la “despenalización” –que no es lo mismo que legalización- del consumo y por intermedio de dosis legalmente controladas, parece una noticia no muy alentadora para los barones del comercio clandestino de la droga a cualquier nivel. Si por intermedio de un procedimiento legal y controlado, el tráfico de las drogas y los estupefacientes pierde su mórbido, pero jugoso carácter clandestino; la misma sujeción de cualquier otro rubro a los zarandeos de la oferta y la demanda habrán de funcionar, el precio bajará y los márgenes de utilidad harán más peligrosos el riesgo y la mortífera secuela del problema. Entonces la actividad policial en función de hacer cumplir una legislación deberá ser menos vulnerable en cualquier sentido. El pago de coimas dejará de ser un secreto, que a pesar de sus actuales ventajas, se paga con la muerte en caso de ser denunciado.

LO QUE TENEMOS HASTA HOY.

Ante los resultados muy limitados y discutibles de la guerra contra las drogas y el narcotráfico como política de estado –evidenciados con creces en el caso mejicano bajo la presidencia de Calderón- el crimen se ha intensificado, los costos económicos y sociales (sobre todo en el desarrollo de políticas preventivas) se han disparado, y en la antípoda, los cárteles han incrementado su poder. Están convencidos de que no podrán ser derrotados y en medio del terrorismo social que protagonizan, las ventajas de la asimetría de una guerra de la que son parte principal, se intensifica. El “underground”, el abuso de la sociedad ante el fomento de la adicción, el aumento de la corrupción mediante el poder del dinero y el asesinato –aún de inocentes- para llevar a cabo su chantaje han crecido. ¿Qué queda entonces?

José A. Arias.